POLÉMICA EN PUERTA SOBRE LA POSIBILIDAD DE MODIFICAR EL CÓDIGO URBANO

Por Ignacio Pellizzón

Nota publicada en suplemento de Clarín, Mirador Provincial.

La situación económica que está atravesando el sector agrícola actualmente es de benevolencia, según indican consultoras y economistas. Por este motivo, sumado a los créditos hipotecarios disponibles, se especula con que el “boom de la construcción” se reflote como en sus mejores años recientes.

No obstante, la ciudad cuenta con restricciones concretas a la hora de llevar adelante nuevos emprendimientos inmobiliarios como grandes edificios destinados a viviendas y oficinas. Es por eso que, el concejal radical, Martín Rosúa, propone realizar algunas modificaciones al Código Urbano para elevar límites de altura en edificios, mientras que el ex concejal y candidato del Frente Social y Popular, Alberto Cortés, salió al cruce del edil alertando cuáles serían las consecuencias y los motivos “escondidos” de la iniciativa.

En base a lo explicado por Rosúa a Mirador Provincial la idea pretende que el Ejecutivo revise los indicadores para construir en altura sobre tramos de las calles Corrientes, Mendoza, Maipú y Salta en el área central y el bulevar Rondeau en el distrito norte. "Estamos ante una oportunidad única que la ciudad debe saber aprovechar, preservando zonas pero potenciando otras sin imponer tapones que terminan encareciendo las futuras viviendas", destacó el también candidato a renovar su banca por una lista estrictamente radical.

Esta propuesta tiene su razón de ser: es que en 2008 se fijó un nuevo Código Urbano en Rosario que regula y fija un tope máximo de altura para construir nuevos edificios en el centro de la ciudad: máximo de 23 metros equivalente a 7 pisos altos.

En rigor, Rosúa explicó que con las modificaciones realizadas se intentó disminuir la densidad poblacional del centro imponiendo un límite de altura de edificación y permitiendo cierta altura en algunas calles. “Necesitamos incentivar la edificación, por eso creemos que en él área central, que tiene infraestructura y servicios, y donde vive el 36% de la población aproximadamente, hay que revisar la regulación" y agregó: “Pensamos que en tramos de las calles Corrientes, Maipú, Mendoza por ejemplo podría darse esta situación; todo esto posibilitará que pequeños y medianos emprendedores puedan embarcarse en este tipo de negocios, ya que rendiría más la ecuación económica; o repensar otros sectores de la ciudad, como calle Salta en Pichincha o el bulevar Rondeau en la zona norte de la ciudad, que son muy anchas y tienen límites que pueden modificarse".

DIMES Y DIRETES

Como era de esperarse, la propuesta no tardó en generar polémica en otros sectores políticos que salieron al cruce de la iniciativa como el ex concejal y candidato del Frente Social y Popular, Alberto Cortés, quien apuntó: “la última reforma del código urbano, comenzada en 2008 fue un largo proceso, que incluyó audiencias públicas y debates de todo tipo y que se realizó en varias etapas que se extendieron a lo largo de varios años. Cada una de esas etapas incluyó zonas diversas de la ciudad, desde el centro a la periferia”.

En estos debates “intervinimos alertando particularmente sobre aspectos ambientales, atendiendo entre otros a temas como el derecho al sol, que obviamente se ve afectado cada vez que se habilitan mayores alturas constructivas, tendiendo a generar calles encajonadas y sombrías, particularmente en invierno”, planteó el candidato a concejal del FSP.

Bajo esa línea, Cortés recordó que -aún con todos estos debates, y dejando de lado si luego el intendente atendió o no las observaciones allí formuladas-; “hubo innumerables avivadas e incluso situaciones, como la de un edificio de Callao al 900, en las que funcionarios municipales dieron curso a pedidos de mayor altura, que no correspondían, en medio de la confusión generada por la transición entre códigos”

Fundar una nueva reforma del código urbano en la necesidad de canalizar los excedentes del boom agropecuario, “además de una mirada sumamente unilateral y centrada en los intereses de los inversores; nos trae el triste recuerdo de toda una etapa muy reciente en la cual se construyeron en Rosario muchos miles de metros cuadrados, pero no para resolver el problema de la vivienda, que por el contrario se ha agravado, tanto para los sectores medios como para los de bajos ingresos; sino para canalizar excedentes económicos de sectores con elevadas ganancias (incluyendo lavadores y narcotraficantes). Tan es así, que hoy se estiman en 70 u 80 mil  las unidades de vivienda desocupadas”, expresó el ex concejal Cortés.

Además, que propuestas de este tipo “surjan de candidatos que demuestran una elevadísima capacidad económica para sus gastos de campaña, genera una vez más la sospecha de que los intereses de los grupos económicos que buscan maximizar sus ganancias y no el bien común, intentan - y lamentablemente por lo usual, logran-  catapultar a los cargos públicos a quienes luego foguearán propuestas favorables a sus intereses”, lanzó el ex concejal. 

Frente a la interpelación de Cortés, Martín Rosúa respondió a través de Mirador Provincial: “Atendiendo a las herramientas financieras que ha dispuesto el Gobierno Nacional, las jóvenes familias que buscan la adquisición de su primera vivienda no encuentran mercado para sus necesidades. La sobreoferta de unidades de 1 o 2 ambientes no califica para los requerimientos de una familia tipo que encuadre en un PROCREAR (3 ambientes). Es decir, en términos relativos, la demanda para departamentos para postulantes de créditos subsidiados es elevada frente a la oferta existente”.

En respuesta a este problema, “proponemos impulsar la oferta para que la misma se actualice a las nuevas necesidades. Dado que la cantidad de tierras es limitada y la demanda de viviendas atadas a estos créditos va en crecimiento, buscamos que se estudie la factibilidad de elevación de los indicadores de altura para que se puedan desarrollar más unidades por metro cuadro de tierra”, afirmó Rosúa.

“El valor de la tierra o suelo resulta un costo fijo dentro de la ecuación económica de una empresa constructora. En la medida que se puedan desarrollar mayores unidades por metro cuadrado de tierra, el costo medio del suelo por unidad habitacional se reduce. Está demostrado, en la experiencia del 2008, cuando al acotar los indicadores de alturas en el Área Central, se incrementaron los precios de los departamentos. Y es por ello, que creemos que la variación de los indicadores permitirá extender el acceso a la vivienda: por oferta y precio”, destacó el actual concejal radical.

En rigor, “discrepamos con quienes dicen que la iniciativa “impacta de modo totalmente negativo en las características culturales y ambientales de los barrios y zonas de la ciudad donde se producen estos aumentos de valores relativos”. Nuestro proyecto solicita al área técnica de la Secretaría de Planeamiento de la Municipalidad de Rosario, sabiendo que existe precedente favorable en otros corredores con similares condiciones, que determine en qué sectores de la ciudad es posible elevarse los indicadores, siempre respetando las características barriales y ambientales”, cerró Martín Rosúa.