A escala nacional hay 8, 7 millones de personas son pobres, 1, 7 millones son indigentes y 3 millones de argentinos viven en asentamientos irregulares. Sobre este último punto, la ONG Techo presentó su último informe, el cual arrojó que en Rosario hay 49.475 viviendo en esa condición.
Por Ignacio Pellizzón
Nota publicada en Mirador Provincial, Clarín
Que la vivienda es un Derecho, no está en discusión. Lo que
se debate es si ése Derecho se aplica o no. Los últimos números relevados por
diferentes organizaciones dan cuenta que más de la mitad de la población de
Rosario no ve dicho Derecho satisfecho, es decir que no cuenta con una vivienda
propia.
Las cifras a nivel nacional reflejan que 8, 7 millones de
personas son pobres, 1, 7 millones son indigentes y 3 millones de argentinos
viven en asentamientos irregulares. Discutir la falta de un techo propio,
también es hablar de pobreza.
Claro está, que hay distintos grados de pobreza, no es lo
mismo aquel que no tiene casa pero puede alquilar, al que vive en un
asentamiento irregular. Sin embargo, el flagelo que atraviesa todas las clases
sociales, lejos está de ser paliado en un corto y mediano plazo.
TRISTE PODIO
El miércoles la ONG Techo presentó el último informe sobre
el relevamiento de asentamientos irregulares en el país, en el que se destaca:
casi tres millones de argentinos viven en asentamientos irregulares, en
territorios donde reside el 67% de la población. Más de la mitad viven en la
provincia de Buenos Aires, donde se contabilizaron 397.705 familias. Le siguen:
Capital Federal con 82.585; Rosario con 49.475 y Misiones con 21.700.
El estudio indica que hay al menos 2.432 asentamientos en
los 11 territorios relevados (Capital Federal; provincia de Buenos Aires;
provincia de Córdoba; Gran Corrientes; Gran Resistencia; parte de la provincia
de Misiones; Alto Valle de Neuquén; Plaza Huincul Cutral-Có y Arroyito, Alto
Valle de Río Negro; parte de la provincia de Salta, el Área Metropolitana de
Rosario y San Miguel de Tucumán). En esa cantidad de lugares viven cerca de 650
mil familiares, lo que da un número aproximado a tres millones de personas.
En los asentamientos apuntados, la mayoría de los habitantes
no tienen acceso a la red cloacal o al agua corriente, dos de los tres
servicios públicos básicos. Además, no poseen título de propiedad de los
terrenos donde viven.
El informe detalla que en el 73% de los asentamientos
irregulares, la mayoría de la gente no cuenta con acceso formal a la red de
energía eléctrica, el 98% no tiene acceso a la red cloacal, y el 95% no tiene
agua corriente. Además, en el 16% de las villas de emergencia, la mayoría de
las familias bebe agua de pozo y simultáneamente elimina sus excretas a través
de un pozo ciego sin cámara séptima, lo que implica un riesgo sanitario.
SIN TECHO
En Rosario alquilan actualmente 335 mil personas, es decir
17 mil inquilinos más que en 2015, según informó a Mirador Provincial la ONG Centro de Estudios de Educación para
Crecer, mientras que casi 50 mil familias residen en hogares muy precarios (un
tercio de la población) siendo Rosario la tercera ciudad con mayor índice de
villas, en base al último informe presentado por Techo.
Entre el Censo de 2001 y 2010, la demanda de vivienda en
Rosario aumentó cuatro veces más que la población, lo que implica que ésta
creció un 4% y la demanda de vivienda un 16%. Si a esto números le agregamos
que el 30% de los habitantes alquila (hace quince años el porcentaje era de
14%), se concluye que más de la mitad de la población tiene vulnerado su
derecho a la vivienda.
“La causa del deterioro de la condición en que viven y
habitan los rosarinos no tuvo que ver con las inmigraciones de los países hermanos
y las migraciones internas como alguna vez escuchamos explicar al ex gobernador
Hermes Binner, sino por el corrimiento del Estado de los barrios, el
vaciamiento de las políticas sociales y la falta de políticas de urbanización y
vivienda”, describió a Mirador Provincial el politólogo, ex candidato a
concejal de Rosario Para la Victoria, Sebastián Artola.
“Un dato: la inversión en vivienda de la última gestión
provincial no superó el 1% del presupuesto total de la provincia de Santa Fe. A
su vez, un aspecto que va más allá de los porcentajes: la extrema precariedad
de los asentamientos en Rosario no tiene paralelo con la de los grandes centros
urbanos del país”, agregó.
La inversión especulativa privada en la construcción y el
mercado inmobiliario, proveniente de las rentabilidades extraordinarias del
sector agroexportador de la región y también del lavado de dinero con origen en
el narcotráfico y las economías delictivas, explica la paradoja de que Rosario
haya sido la que más metros cuadrados construyó en toda Sudamérica - a razón de
5.800 viviendas por año - de la mano del
empeoramiento de la realidad habitacional de la ciudad, teniendo 80 mil
departamentos deshabitados y prácticamente la misma cantidad de familias con su
derecho a la vivienda vulnerado, y con más asentamientos informales hoy que en
los años ’90”, detalló Artola.
CLASE MEDIA:
ETERNA INQUILINA
En contacto con Mirador
Provincial, el director de la ONG Centro de Estudios de Educación para
Crecer, Carlos Rovitti, señaló que “dos de cada cinco familias de clase media
en Rosario tienen techo propio, es decir que más de la mitad alquila alcanzando
un total de 335 mil personas de las cuales el 67% son asalariados y el resto:
profesionales, cuentapropistas, estudiantes, entre otros”.
“El crédito Procrear, actualizado, está destinado a la clase
media, aunque son 25 mil programas para todo el país. Habrá que ver los números
de la segunda tanda, pero tengamos en cuenta que a nivel nacional tenemos tres
millones de personas con falta de vivienda. Notamos que el mercado comienza a
moverse, pero muy lentamente”, aseguró Rovitti.
La falta de créditos hipotecarios y los descomunales montos
que cotizan los inmuebles hoy en día, “genera que la mayoría de los rosarinos
no tengan otra opción que alquilar, porque de otro modo se les hace imposible
alcanzar al terreno propio”, aseguró el director de la ONG.
RAID DE PROBLEMAS
El 93% de los contratos que se hacen en Rosario pasan por el
sector inmobiliario. El número de denuncias relevadas en la ONG Concejalía Popular
por inconvenientes con las empresas crecieron un 30% este año. Los cambios en
el suministro de gas y los problemas a la hora de rescindir un contrato de
alquiler, provocaron la mayor cantidad de quejas.
Inclusive, el Centro de Estudios Metropolitanos de la
Concejalía Popular le propuso en julio a las cámaras inmobiliarias la firma de
un acta acuerdo donde exista una instancia de mediación entre locatarios e
inquilinos; la suspensión por un año de los escalonamientos en los montos de
los alquileres; y la renovación de los contratos de acuerdo a un índice que
resulta de los salarios mercantiles, docentes y municipales.
Sin embargo, el Colegio de Corredores Inmobilarios de
Rosario (Cocir) puso serios reparos aludiendo que es “inoportuno y contrario a
Derecho”, ya que al ser intermediarios entre propietarios e inquilinos "no
podemos acordar ningún índice, que además resulta genérico y no contempla la
particularidad de cada sector en un contexto de crisis", afirmaron.
En conclusión, “Si se tiene en cuenta el último Censo
realizado, que da cuenta que en Rosario hay aproximadamente 80 mil viviendas
ociosas, se podría paliar completamente el déficit habitacional de los sectores
más vulnerados que hoy llegan a 50 mil, obteniendo como saldo sobrante unas 30
mil casas sin habitar”, culminó Artola.
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